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CUANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UNA CONDENA IRREVERSIBLE A LA POBREZA

Por Lic. Alejandro Jerez Espinal

En la definición, formulación e implementación de las políticas sociales, los estados moderrnos, consignan como unas de sus líneas de trabajos fundamentales, la protección social, sin desdeñar el impacto de las políticas sociales sectoriales de educación, salud, vivienda, recreación, cultura y protección del medio ambiente que sumados a las iniciativas de promoción social, se erigen en verdaderos instrumentos de la superación de la pobreza y la desigualdad cuando las mismas están respaldadas por niveles adecuados de inversión pública y privada.

La protección social debe acompañar a los seres humanos desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte y se pone de manifiesto en las diferentes etapas de la vida, en  la niñez, adolescencia, adultez o etapa productiva y adulto mayor o etapa de retiro, dotándolos de los medios e instrumentos necesarios para garantizarles un sano desarrollo y una vida digna.

En virtud de lo anterior, la protección social, comprende una seguridad social universal, sostenible, obligatoria y solidaria que proteja a los trabajadores de los riesgos y contingencias de seguridad y salud en el trabajo, enfermedad común, lactancia y protección de la primera infancia, maternidad, salario decente, pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia, con una tasa de reemplazo que le permita mantener el nivel de vida sostenible al momento del retiro.

Esta protección debe incluir además, a los trabajadores informales, liberales, por cuenta propia y la gran masa de no asalariados entre los cuales están las madres solteras, envejecientes y otros que por su estado de vulnerabilidad merecen la atención urgentes de los gobiernos a través de programas sociales condicionados o no condicionados, así como a los beneficios de un plan básico de salud.

En la región de America Latina y el Caribe, el debate se ha concentrado en la sostenibilidad y viabilidad de un sistema de seguridad social sobre otro. En el decenio de los años noventa, bajo la influencia de las políticas neoliberales, usando como modelo el sistema previsional de capitalización individual chileno, se generó toda una corrientes de reformas sustitutivas que culminó con la derogación total o parcial de los sistemas de repartos y la adopción del modelo chileno, en países como México, Colombia, Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay  y Perú.

Se entiende que este modelo de contribución definida, solo sirve al capital financiero, tiene elevados costos de administración, cobertura limitada y no garantiza una tasa de reemplazo suficiente y adecuada a los trabajadores en edad de retiro. En el caso de Chile casi cuatro décadas después hay una fuerte presión social de los trabajadores para que dicho sistema mejore su cobertura, para tal fin se está discutiendo una iniciativa para aumentar en un cinco (5%) por ciento el monto de las cotizaciones, a cargo de los empleadores, en un plazo de seis (6) años, para que sean administrados por una agencia pública, con la finalidad de destinar un tres (3%) por ciento a las cuentas de capitalización individuales no administradas por AFP, sino por el Estado  y el otro dos (2%) por ciento a un seguro de ahorros colectivos para los jubilados, pensiones de lo futuros jubilados y pensiones de mujeres.

Al abordar los niveles  de rentabilidad  de las cuentas  de  capitalización individual, el Premio Nobel de Economía  Joseph  E. Stiglitz,  sostiene  que los países menos  desarrollados  generalmente  tienen mercados de capitales menos desarrollados, con  inversores  menos  informados y con menor capacidad regulatoria,  aumentando  el alcance  para el abuso potencial.   La presencia de una mayor  volatibilidad  y la ausencia de varias clases de mercados  financieros  hacen  que los diferentes  tipos  de seguros brindados por los programas tradicionales de prestación definida sean más valiosos.

En contraposición está el modelo tradicional o de repartos, con prestaciones definidas,  gestión  pública, propio del Estado benefactor, que tiene como unos de sus principios fundamentales la solidaridad en la contribución, mediante la cual los más jóvenes aportan al sistema para sustentar las prestaciones de los que están en condición de retiro.  Se establece como unas de sus debilidades el envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad de los pensionistas.

Frente a los problemas demográficos, la palabra clave es la producción y la opción entre reparto y CPI es secundaria, el prefinanciamiento es deseable, pero la CPI, (capitalización Individual),no es la única forma de lograrlo, un mercado de capital puede constituir un componente del crecimiento, pero por si solo no representa la solución y no se debe presuponer que los gestores privados del fondo privado de pensiones canalizan mejor que los gestores públicos; la privatización no representa solución alguna para los problemas fiscales y si un sistema es inviable, la única solución es hacerlo sustentable, de acuerdo a Nicolas Barr.

Para tener una idea más precisa de la cobertura activa de los sistemas de pensiones obligatorios en America Latina y el Caribe, en promedio 45 de cada 100 trabajadores, están aportando o están afiliados a un sistema de pensión. Este bajo nivel de aportes guarda relación con las características socioeconómicas en particular la educación, género y nivel de ingreso. Los profesionales y técnicos tienen mayor capacidad de aportes al sistema que los trabajadores con un nivel educativo menor, lo propio sucede con la brecha de géneros en el mercado laboral en la región, pues, la relación está en la proporción 56% por ciento mujeres, 83% por ciento hombres y solo del 20 al 40 por ciento de los trabajadores de ingreso medio contribuyen a una pensión, de acuerdo al estudio Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe, auspiciado por el BM, BID y OCDE, año 2015.

Otro elemento de importancia a ser ponderado en  este análisis  tiene que ver con la tasa bruta de reemplazo de las pensiones, pues, permite medir el nivel de las pensiones en el momento de la jubilación en relación con los ingresos durante la vida laboral. Para trabajadores con ingresos promedio, la tasa bruta de reemplazo promedio es de 62% en los 26 países de  ALC.    Las naciones con mayor aporte al promedio regional son Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela,  que  ofrecen tasas de más del 90%, seguidos por  Argentina,  Costa Rica y Panamá, con tasa de reemplazo proyectadas entre el 75% y el 80%, en correspondencia con el estudio citado del BM, BID y OCDE, 2015.

El sector público de ALC, gastó en promedio en protección social un 5% por ciento del PIB, en el año 2015, un 1.30% más que en el año 2000. A nivel de países, Argentina y el Brasil son los que, proporcionalmente, más recursos destinan a esta función, que concentra un 14,1% y un 13,2% del PIB, respectivamente, en 2015.  Considerando el crecimiento negativo del PIB la zona ALC, de menos -1.1% por ciento, el gasto  proyectado en protección social en los presupuestos  del año 2017, en algunos países retrocede y en otros se mantiene estable, por  lo que en promedio lo presupuestado en protección social está al nivel de lo gastado en el año 2000, de un 3.70% por ciento del PIB, conforme a lo indicado en el Panorama Social de America Latina, Cepal 2016.

Como se advierte ante la posibilidad de que la región de America Latina y el Caribe ALC,  crezca en promedio  apenas 1.1% del PIB, para el presente año 2017, las posibilidades de aumentar el nivel de gastos en protección social, en algunos países es incierta y en el mejor de los casos se mantendrá estable, que sumado a la gran cantidad de asalariados que carecen de protección social, porque sus empleadores no cotizan de forma regular o no los tienen afiliados al sistema, aparte de la baja tasa de reemplazo de los pensionistas, que en algunos países no llega al 30% de su último salario, configura para los trabajadores dependientes, por cuenta propia, informales, liberales y personas en estado de vulnerabilidad, un panorama de condena irreversible a la pobreza.

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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mapa

Reforma a la ley de Municipio (?) o Gobierno Local..

 POR  MIGUEL SEVERINO

Ha habido un error, trascendente, dejado en la bitácora filosófica municipal y es el relativo a la ley de municipios que más bien debiera llamarse ley de Gobierno Local o de Ayuntamiento.. pues una cosa es un Municipio, como parte del Régimen Territorial o Ayuntamiento como parte del Régimen Municipal o de Gobierno Local con estructura política administrativa del gobierno, Estado, en sentido general.

Hacemos estas observaciones para establecer un punto de partida antes de abordar la temática respecto a la reforma de lo que se conoce, de manera impropia, como ley de municipio...

En tal sentido hay que ir la carta magna, Constitución Política que, aunque carece de sendos Regímenes Territorial, Municipal y de Gobierno Local (Ayuntamiento), ella, traza el perfil, es decir da rango a la vez que erige a los Ayuntamientos como el segundo nivel de Gobierno (Local). Desde esta perspectiva vamos a abordar la reforma de la referida ley, denominada de manera impropia, de Municipio y llamarla a partir de ahora Ley de Gobierno Local o de Ayuntamiento.

Puesto en evidencia la falla de la ley en cuanto a referir, caracterizar, su objeto de estudio de manera correcta, el o los Gobiernos Locales, nos vamos a centrar en las reformas desde esta perspectiva.. en los siguientes trabajos, artículos..

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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danilo y gonzalo

LA TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Por Alejandro Jerez Espinal

Para satisfacer demandas y necesidades colectivas de bienes, obras,servicios y concesionesen las comunidades y las prioridades propias de los gobiernos y agencias públicas, cada año los estados de la región de América Latina y el Caribe invierten miles de millones de dólares, de los cuales un elevado monto no se destina al cumplimiento del objetivo fundamental de toda política pública que es mejorar la calidad de vida de las personas como de los servicios que recibe.

Esto representa un gran desafío para las naciones, pues, si a la insuficiente inversión en obras públicas para el desarrollo se suma el hecho de que las ejecutadas, no cumplen con sus cometidos en término de calidad, resistencia, durabilidad y utilidad por problemas de manejos dolosos, debilidadesen la construcción y falencias en los procesos de convocatoria, selección, adjudicación, contratación, control y supervisión de los organismos responsables, se estarían creando las condiciones para hacer de las comunidades,entes cada día menos resilientes y más vulnerables.

Lo que se destina a nivel mundial en las naciones desarrolladas para la adquisición de bienes y servicios representa un 15% por ciento del PIB, y en los países en desarrollo esta partida es de un 30% por ciento del PIB de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Esta considerable inversión en adquisiciones públicas en todo el mundo, oscila entre dos formas de pensamientos y actuacionesdiametralmente opuestas, por un lado están los funcionarios, políticos y empresarios inescrupulosos, acostumbrados al desorden, el grado a grado, la centralización y monopolio de las compras de los gobiernos que les ha permitido acumular enormes fortunas en detrimento del pueblo y por el otro lado los funcionarios, políticos y empresarios que piensan, aman y creen en su país y ven en esa inversión una oportunidad de desarrollo para sectores que durante años han vividos al margen de la posibilidad de avanzar como segmento productivo.

Compelido  por esa realidad la mayor parte de los estados de América Latina y el Caribehan adoptados legislaciones modernas para regular todo lo relativo a las contrataciones públicas, inspirados, en algunos casos, en los principios de transparencia, equidad,confidencialidad, eficiencia, selección objetiva, libre concurrencia y cumplimiento, recomendados en el “Manual de Contratación Pública Electrónica para América Latina de la Cepal.

Fortalece también esta corriente que propicia mayores niveles de transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, la necesidad de acceder a otros mercados a través de los acuerdos de libres comercios que demandan la eliminación de las barreras comerciales, la participación de oferentes y proveedores de otros países en las licitacionesy exigen la simplificación y digitalización de trámites y procesos administrativos.

El marco normativo que en RD regula todo lo relativo a las contrataciones públicas, está conformado por la Constitución y un conjunto de leyes, decretos y reglamentos, siendo la Ley 340-06sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su principal instrumento, modificada por la Ley 449-06 y complementado por el Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto 543-12.

Una pieza fundamentalporque va dirigido a un sector importante de la economía nacional, es el Decreto 164-13 que ordena a las instituciones gubernamentales comprar a las mipymes de producción nacional, como ejemplo práctico del impacto de esa política del Gobierno en apoyo a las mipymes, se destaca el aumento del registro de proveedores del Estado que para el 2005, conforme a la Dgcp,era apenas de unos 1157 proveedores y para el 2017 se estima en más de 69,978, producto de la simplificación del trámite de registro para ese sector y las personas físicas.

También se destaca el hecho, de quepara el año 2017, se tiene prevista una inversión en adquisiciones públicas de unos RD$ 220,533.00, lo que representa el 31% por ciento del Presupuesto  y Ley de Gastos Públicos correspondiente a ese año, de los cuales un 20% por ciento equivalente a unos RD$ 44,106.76 va de manera excepcional dirigido a las mipymes, de acuerdo a la Dgcp.

Hay otradisposición que fortalece ese marco legal y ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno encabezadopor el Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, con la transparencia en las contrataciones públicas, es el Decreto 188-14 sobre Principios y Normas de Comisiones de Veedurías, que como órganos autónomos e independientes tienen la misión de monitorear, observar y fiscalizar todo el proceso de compras y contrataciones en las instituciones del Estado donde ya están estructuradas.

La acertada política del Gobierno de impulsar un sistema de adquisiciones públicas abierto, democrático, transparente y apegado a la legalidad que debe revestir las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, procurando al mismo tiempo que estas inversiones beneficien a un sector dinámico de la economía como las mipymes, indudablemente todo ello repercutirá de manera positiva en la generación de empleos y en la disminución de la pobreza y la desigualdad.

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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las mi pimes

EL IMPACTO DE LAS MIPYMES EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS

Por Alejandro Jerez Espinal

Para establecer y ejecutar programas y estrategias que contribuyan al desarrollo ysostenibilidaden el tiempo de las micros, pequeñas y medianas empresas, se debe comenzar por armonizar y hacer compatibles los parámetros para definir las mipymes en las diferentes legislaciones y el modelo de gestión que aplican los países de la Región de América Latina y el Caribe.

Factores como el empleo, el nivel de facturación, el valor de los activos fijos y corrientes y la diferenciación por sector son ponderados por las normas al momento de categorizar las mipymes, como muestra, las mayoreseconomías de la region Brasil y México, toman como referenteslos ingresos por facturación anual, la cantidad de empleos y rama de actividad, Colombia la clasificasegún activos y facturación, Argentina por facturación y rama de actividad, Salvador de acuerdo a la facturación y empleos y República Dominicana conforme a la facturación, empleos y nivel de activos.

Esta poca uniformidad en definir lo que son las mipymes, unido a la dificultad de administrarempresas que por su tamaño acusan de grandes limitaciones en término de acceso a mercados, tecnologías, financiamientos, recursos humanos calificados, elevados costos operativos, terminan afectando su competitividad, productividad, innovación y generación de empleos de calidad, pues, una gran cantidad de estos negocios y empresas, terminan operandoen la informalidad, al margen de las normas laborales, tributarias y de protección social.

Es de interés para el presente análisis determinar el impacto de las mipymes en la generación de empleos y el aporte de estas empresas en las exportaciones y su nivel departicipacion en el PIB.  Para el Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Mario Cimoli, las mipymes generan más del 60% del empleo en América Latina y el Caribe, pero son responsables de solo el 28% del producto interno bruto (PIB) y apenas 8,4% de las exportaciones.

En la República Dominicana conforme a los resultados definitivos del primer registro nacional de establecimientos (RNE), realizado en el país por Oficina Nacional de Estadísticas en el año 2014, hay 457, 095 negocios en todo el territorio nacional, de los cuales 184,727  (el 40.4%) se dedican al comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas; 70, 129 (el 15.3%) actividades de servicios y 49,481 (10.8%) a servicios de alojamientos y comidas.

De estos establecimientos 289, 503 (63%) tienen de 1 a 2 empleados,76,412 (16.7%)disponen de 3 a 4 empleados y 40,919 (9%) mantienen un rango de 5 a 10 trabajadores. En resumen el (89%) de los establecimientos en RD, tienen menos de diez (10) trabajadores y solo el (4.2%) de los establecimientos tienen más de diez (10), de los cuales hay una gran cantidad que son negocios informales o de familia y que por vía de consecuencia están al margen del cumplimiento de la Ley laboral sin ningún tipo de protección social.

En la provincia Sánchez Ramírez, de acuerdo al levantamiento mencionado hay 8,525 establecimientos, la mayor parte de ellos dedicados al comercio al por menor, seguido por juegos de apuestas y azar y otros servicios. El (69.1%) del total de los establecimientos en la provincia emplea de 1 a 2 trabajadores, pero al considerar la escala de 1 a 14 trabajadores, el por ciento se eleva al (94.2%) y los restantes establecimientos que representan el (5.8%) del total general, emplean más  de quince (15) trabajadores.

La normativa que establece elrégimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el País, es la Ley No. 488-08, que excluye del beneficio de la misma, las empresas informales, situación que le permite al Gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, impulsar un mecanismo web interinstitucionalsimplificado y de bajo costo para formalizar las mipymes, denominado “ Formalízate”, que sumado al financiamiento blando y de bajo interés de la Banca Solidaria, Banreservas y Banco Agrícola, ayudan de manera positiva a mejorar la gestión y rentabilidad de las mipymes.

Como se puede apreciar el motor que impulsa el empleo en las economías de rentas altas, medias y bajas, son las mipymes, pero  hay estudios que indican que solo el (45%) de las mipymes cruzan el umbral de los dos años, mientras que en el viejo continente 8 de cada 10 mipymes logran la sobrevivencia más allá del tope señalado, de ahí la importancia de que los gobiernos de la Región promuevan iniciativas y políticas coherentes, focalizadas y sistemáticas con el objetivo de hacer más eficientes y perdurables las micros, pequeñas y medianas empresas, como una alternativa de disminuir los niveles de pobreza y desigualdad.

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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pasillos hospitalales

Estudio revela deficiencia en las gerencias de comunicación de los hospitales públicos

SANTO DOMINGO.- Un estudio realizado en ocho hospitales sobre la gestión de la comunicación y relaciones públicas revela el deficiente servicio realizado, la pobre calidad de la información ofrecida a los medios, la falta de equipo, el desnivel en conocimientos y preparación académica del personal,  la carencia de una política de contratación de los periodistas en los hospitales alejadas de la politiquería y el amiguismo, la necesidad de un plan y manual de protocolo para gestionar los servicios de comunicación y articular a los hospitales con el nivel central.

Un estudio comparativo del manejo de la información publicada en los medios de comunicación de cuatro hospitales de autogestión y cuatro centralizados, en Santo Domingo, durante el período enero-marzo del año 2016, presentado por el periodista Luis Moreno Cárdenas,  para optar por el título de magister en gerencia moderna de la salud, de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), en el que se analiza la información pública originada en los dos modelos de  gestión de hospitales, la calidad, estructura y contenido.

El estudio comparativo se realizó en cuatro hospitales de autogestión y cuatro centralizados, revela que la falta de gerencias de comunicación y relaciones públicas en los establecimientos de salud, la necesidad de una política nacional de comunicación y relaciones públicas que cohesione a los modelos de autogestión y centralizados imposibilita desarrollar acciones de orientación y educación en la población.

Los hospitales de autogestión objeto de la investigación fueron  el Traumatológico Ney Arias Lora, Pediátrico Hugo Mendoza, Maternidad Reynaldo Almánzar  y Vinicio Calventi, así como los hospitales centralizados Centro Materno Infantil San Lorenzo Los Mina, Francisco Moscoso Puello, Darío Contreras y Robert Reid Cabral.

En la investigación fueron involucradas 38 personas, entre éstas 8 directores generales de los hospitales objeto de la investigación, 7 gerentes o encargados de comunicación y relaciones públicas de cada centro de salud,3 técnicos, 3 fotógrafos-camarógrafos y 17 periodistas que laboran en los centros de salud.

De este personal 6 en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, 5 del Pediátrico Hugo Mendoza, 3 en la Maternidad Reynaldo Almánzar, 2 del Hospital Vinicio Calventi, uno en el Centro Materno Infantil San Lorenzo Los Mina, 2 en el Francisco Moscoso Puello, y 4 en el Hospital Darío Contreras.

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La investigación se centró en la búsqueda de las causas que originan el problema de la mala imagen de los hospitales públicos de la República Dominicana y el manejo dado a las informaciones  en las gerencias de comunicación y relaciones públicas.

 En el estudio Moreno Cárdenas destaca la preocupación por la falta de una gerencia de comunicación en hospitales, con profesionales que manejen el área de la salud, una política informativa que oriente el accionar de la institución, que busque aprovechar las informaciones que diariamente generan estos centros.

La falta de una política de comunicación expone al centro de salud a los problemas propios que se generan en estas instituciones y que crean situaciones difíciles que implica afectar la imagen pública, como ha ocurrido en varias ocasiones en algunos establecimientos hospitalarios.

Al problema de la mala imagen de los hospitales se atribuye la poca pericia profesional de los periodistas de algunos de estos centros, quienes dejan pasar cosas que deben ser tomadas en cuenta por su importancia noticiosa.

Plantea la necesidad de establecer la forma de contratación de este personal a través de concursos, que le garantice a las instituciones hospitalarias disponer del personal capacitado y formado en el área de la salud alejado de la politiquería.

 Dentro de los hallazgos se encuentra que la comunicación interna no es muy buena en los hospitales, la cual debe ser trabajada con la incorporación de las demás gerencias para garantizar una unificación de la política comunicacional, a fin de fortalecer la imagen institucional del hospital.

Las denuncias de mala práctica, descuido y desatención a pacientes, quejas por el tiempo de espera para lograr el turno en la atención, han hecho daño a los hospitales públicos, a esto se agrega la débil vinculación con la comunidad a través de relaciones públicas.

La inexistencia de redes en hospitales de primer y segundo nivel que refuercen el trabajo de comunicación de los establecimientos de tercer nivel, así como el poco apoyo a las actividades formativas nacionales e internacionales para los periodistas.

Limitaciones de recursos,  condiciones adecuadas para operar una oficina, necesidad  de personal de la comunicación, equipos entre los que se citan cámaras fotográficas, de video, radio, televisores y otros para monitorear las informaciones de los medios.

Destaca que  los hospitales requieren de un departamento de comunicación activo, ágil, que utilice los medios actuales, tecnología y redes,  que esté más al día con todo lo que ocurre en el hospital, que sea más de apoyo a la gestión, a la dirección.

La investigación destaca que muy pocas informaciones salen de la oficina de comunicación y relaciones públicas de los hospitales, muchas se generan en el día a día, debido al interés humano, como  un factor determinante para ser tomado en cuenta por los medios.

Asimismo, se comprobó que los hospitales envueltos en escándalos, no cuentan con una gerencia de comunicación y relaciones públicas que haga el trabajo de diseñar, aplicar y desarrollar una política de comunicación para fortalecer la imagen del centro de salud.

También se atribuye al problema el bajo presupuesto de los hospitales para enfrentar situaciones y mejorar sustancialmente los servicios, ligado a esto la contratación de personal por amiguismo o relaciones políticas, lo que le impide dar respuesta adecuada a los problemas que se presentan con las publicaciones en los medios de comunicación.

En esto se incluye los escándalos en los hospitales, además de la falta de comprensión de las autoridades hospitalarias, el poco o ningún apoyo recibido del nivel central en materia de comunicación, la inexistencia de un plan de comunicación o manuales que permitan orientar y afrontar con claridad las dificultades en que se ven envueltos.

El autor del estudio considera que los hospitales son manantiales de información para los medios de comunicación lo que obliga poner mayor atención a la comunicación y las relaciones públicas.

 De los ocho hospitales de la investigación solo tres del modelo de autogestión, planifican los trabajos de comunicación y de estos solo uno le saca el mayor provecho al servicio prestado.

El estudio revela que de estos centros sólo cuatro hospitales cuentan con personal para el trabajo de comunicación y relaciones públicas, de los cuales tres son del modelo de autogestión y uno del modelo centralizado.

Uno de estos hospitales se maneja sin periodista, mientras tres solo cuentan con un profesional de la comunicación, cuatro tienen más de dos, la mayoría sin la experiencia en el área.

 Se observó poco interés mostrado desde el nivel central en atender la preocupación de los directores y sus reclamos de la designación de personal para esa área a fin de aprovechar la producción de informaciones de los establecimientos de salud.

La carencia de manual o protocolos para gestionar los servicios de comunicación y falta de un plan de trabajo que marque el rumbo hacia donde debe dirigirse la comunicación del centro.

Se evidencia la necesidad de una política nacional de comunicación y relaciones públicas que cohesione a los dos modelos de atención que funcionan en hospitales de la Red Pública de Salud, los denominados de autogestión y centralizados, mediante la cual el personal de las gerencias se coordine y puedan hablar el mismo lenguaje para informar, orientar y educar a la población sobre los principales asuntos de salud.

 Es notorio el desnivel en conocimientos y preparación académica entre el personal que labora en las diferentes gerencias de comunicación y relaciones públicas de estos ocho hospitales de los modelos de autogestión y centralizados de Santo Domingo, urgiendo la necesidad de invertir recursos en una mayor formación académica del personal, especialmente en la comunicación en salud para mejorar la calidad, el tratamiento y el seguimiento de la información.

Se requiere destinar recursos para equipar las oficinas de comunicación y relaciones públicas a los fines de que puedan hacer el trabajo de proyección y control de daño evitando el deterioro de la imagen pública.

Entre los aspectos negativos está la pobre calidad de la información para su divulgación enviada desde las gerencias a los medios de comunicación.

El estudio presentado por el periodista Cárdenas destaca la necesidad de desarrollar un programa de formación de todos los periodistas que laboran en las relaciones públicas de los hospitales para que manejen con destreza la terminología y los aspectos técnicos de la comunicación del área a los fines de que sirvan a iniciativas educativas en beneficio de la población.

Recomienda incluir las gerencias de comunicación y relaciones públicas en el organigrama de funciones de los hospitales, elaborar un manual de funciones, donde se establezcan las responsabilidades de cada empleado y que ese documento puede ser común a las gerencias de los diferentes centros de salud del país.

De igual modo, articular una política de comunicación entre el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud,  el Servicio Nacional de Emergencia 911, el Servicio Regional de Salud Metropolitana con las diferentes gerencias de comunicación y relaciones públicas de los hospitales públicos para facilitar la aplicación de una estrategia coherente en beneficio de las instituciones y de los que acuden a los establecimientos en busca de atenciones médicas.

Crear gerencia de comunicación y relaciones públicas en los hospitales para que se encarguen de organizar la comunicación interna y externa, a fin de velar por el cuidado y fortalecimiento de la imagen institucional.

También en su tesis magistral Moreno Cárdenas recomienda elaborar un plan de comunicación modelo que pueda ser compartido y puesto en marcha en los diferentes hospitales para garantizar las informaciones de producción, investigaciones y actividades que se desarrollen en estos hospitales.

Sugiere articular a las diferentes gerencias de comunicación y relaciones públicas de los hospitales para que puedan compartir experiencias y dar respuesta unificada a los problemas de comunicación que se presenten en la Red Pública del Servicio Nacional de Salud.

Asimismo, vincular  al hospital con la comunidad a través de acciones de formación coordinadas por  la gerencia de comunicación y relaciones públicas, con la finalidad de que puedan ser parte de política de prevención de enfermedades, reducir la mortalidad y aumentar el nivel de vida.

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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