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¿CÓMO MEJORAL LA CALIDAD EDUCATIVA?, CONSTITUCION Y EDUCADORES¬

POR. POLANCO ANÍBAL

Para la realización de este Trabajo, me auxilie de tres elementos de trascendencia vital en el desarrollo del tema, profesores en el ejercicio educativo, textos educativos y la Constitución de la  Republica, a los Docentes o Profesores, se le formulo una pregunta en cuanto la calidad educativa, en cuanto a las consultas, de textos se clasifico la Constitución de la Republica Dominicana y el Libro, “Proceso de Enseñanza y Gestión Participativa” “Dr, Antonio Rosario Gómez” págs., 15, 16 19, 23 y 28, ahí en esas págs. es donde se cimentan, entiendo yo,  las bases de mejorar la calidad educativa en la Republica Dominicana y en cualquier País del planeta tierra que exista civilización humana.

En virtud de las respuestas en los educadores consultados, se elegío como principalía este planteamiento de un texto consultado, que define como educación, “El Conocimiento de las Costumbres y buenos modales, conforme a ciertas Normas de Principios Familiares y la Sociedad empero” continuando con lo expresado por las consultas a educadores que refieren sus respuestas al cimiento o refugio familiar como célula formadora de los cimientos sociales y primarios para la educación de los Hogares como nidos de los Niños futuros educandos.

Según los elementos presentado por los docentes consultados, técnicos en la materia, la situación del conformante familiar es indispensable para el éxito de una buena educación en el sistema educativo dominicano, antes que el aprendizaje escolar, se necesita la participación del entorno familiar decidida a poner en practica el conocimiento de las buenas costumbres, juntos a ciertas normas de principios familiares y de buenos ejemplos de costumbres de la sociedad entera, un Niño o Niña que inicia su desarrollo conductual, mental, social y disciplinario, en un entorno familiar, del mal ejemplo y poco interés en la educación hogareña, son hijos fracasados, salvo las excepciones recuperables con la docencia escolar o técnica.

La Constitución Dominicana en sus artículos, 55, 56 y 63 consagra derechos familiares e indica que es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo de las personas, que ese estado proveerá y protegerá la organización de esa familia, ademas mantiene su protección para los menores en cuanto educación refiere, indicando que prime el interés superior del Niños y Niñas, con una educación sana, integral y de calidad, permanente con oportunidad para todos los dominicanos, que deben obtener un absoluto desarrollo intelectual y moral con la calidad de la educación ofrecida.

El Dr, Antonio Rosario en su Libro, “Proceso de Enseñanza y Gestión Participativa”, en su parte introductiva expresa “La educación se ha convertido en el acto más valioso de los pueblos, de ahí que el poder de los nuevos tiempos haya pasado de las grandes riquezas económicas a la acumulación de conocimientos” ese planteamiento es un punto de compromiso para el tema en desarrollo en este articulo y las opiniones de los profesores consultados, mas la Constitución de la Republica que refiere la calidad e integridad o participación masiva, el valor social de la educación se refleja en la acumulación de los conocimientos necesario para su desarrollo, tanto intelectual, moral, religioso y económico.

La Enseñanza es otro de los temas en desarrollo en el libro mencionado como herramienta de consulta, cuando el autor Dr, Rosario, define la enseñanza como una actividad que se realiza mediante la interacción de 4 elementos, “uno o varios facilitadores o docentes, uno o varios alumnos ligado al objeto del conocimiento, y el entorno educativo donde se ponen en contacto a profesores y estudiantes, ya que la enseñanza es el proceso de transmisión de un gran número de conocimientos, consultado otros autores, dan una respuesta similar a la que establece el Dr, Rosario, ya que refieren sobre el tema” Es el sistema de dar instrucción de conocimientos, experiencias que sirven para disciplinar y producir datos”

Las consultas por contactos que realizamos con profesores, en cuanto mejorar la calidad de la educación dominicana, entre los planteamientos de consulta al libro “Proceso de enseñanza” el resultado deductivo y su semántica aportan situaciones de razonamientos colindantes, solo un juego léxico difiere los planteamientos, el profesor Ramón Emilio Viloria Núñez, Técnico del   Distrito 16-o1 de Cotui, al profesor Vizcaíno quien fuera en el pasado mi profesor en mis estudios primarios, al profesor Pedro Lanfranco, también mi profesor en partes de mis estudios secundarios, el profesor Universitario, Francisco Acosta, otro selecto grupo de profesoras como participantes del sector femenino, a unanimidad fueron coincidentes en sus planteamientos.

La Coincidencia de sus planteamientos en la mejora de la calidad educativa, se enmarca en la selección del mejor producto docente, utilizar las mejores semillas cosechada, simbolismo o símil que utilizó el profesor Núñez Viloria,  conciencias en esos Facilitadores, Prof., Vizcaíno Compromisos y Empoderamientos, Prof. Acosta, los Mejores Educadores producen mejores Ciudadanos, Prof., Lanfranco, más la inclusión de la Sociedad, y un interés real y Logístico de los Gobernantes, así expusieron los consultados en aras de la mejora de la educación dominicana.

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  • Escrito por Joaquín Jiménez
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proteccion

CUANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UNA CONDENA IRREVERSIBLE A LA POBREZA

Por Lic. Alejandro Jerez Espinal

En la definición, formulación e implementación de las políticas sociales, los estados moderrnos, consignan como unas de sus líneas de trabajos fundamentales, la protección social, sin desdeñar el impacto de las políticas sociales sectoriales de educación, salud, vivienda, recreación, cultura y protección del medio ambiente que sumados a las iniciativas de promoción social, se erigen en verdaderos instrumentos de la superación de la pobreza y la desigualdad cuando las mismas están respaldadas por niveles adecuados de inversión pública y privada.

La protección social debe acompañar a los seres humanos desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte y se pone de manifiesto en las diferentes etapas de la vida, en  la niñez, adolescencia, adultez o etapa productiva y adulto mayor o etapa de retiro, dotándolos de los medios e instrumentos necesarios para garantizarles un sano desarrollo y una vida digna.

En virtud de lo anterior, la protección social, comprende una seguridad social universal, sostenible, obligatoria y solidaria que proteja a los trabajadores de los riesgos y contingencias de seguridad y salud en el trabajo, enfermedad común, lactancia y protección de la primera infancia, maternidad, salario decente, pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia, con una tasa de reemplazo que le permita mantener el nivel de vida sostenible al momento del retiro.

Esta protección debe incluir además, a los trabajadores informales, liberales, por cuenta propia y la gran masa de no asalariados entre los cuales están las madres solteras, envejecientes y otros que por su estado de vulnerabilidad merecen la atención urgentes de los gobiernos a través de programas sociales condicionados o no condicionados, así como a los beneficios de un plan básico de salud.

En la región de America Latina y el Caribe, el debate se ha concentrado en la sostenibilidad y viabilidad de un sistema de seguridad social sobre otro. En el decenio de los años noventa, bajo la influencia de las políticas neoliberales, usando como modelo el sistema previsional de capitalización individual chileno, se generó toda una corrientes de reformas sustitutivas que culminó con la derogación total o parcial de los sistemas de repartos y la adopción del modelo chileno, en países como México, Colombia, Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay  y Perú.

Se entiende que este modelo de contribución definida, solo sirve al capital financiero, tiene elevados costos de administración, cobertura limitada y no garantiza una tasa de reemplazo suficiente y adecuada a los trabajadores en edad de retiro. En el caso de Chile casi cuatro décadas después hay una fuerte presión social de los trabajadores para que dicho sistema mejore su cobertura, para tal fin se está discutiendo una iniciativa para aumentar en un cinco (5%) por ciento el monto de las cotizaciones, a cargo de los empleadores, en un plazo de seis (6) años, para que sean administrados por una agencia pública, con la finalidad de destinar un tres (3%) por ciento a las cuentas de capitalización individuales no administradas por AFP, sino por el Estado  y el otro dos (2%) por ciento a un seguro de ahorros colectivos para los jubilados, pensiones de lo futuros jubilados y pensiones de mujeres.

Al abordar los niveles  de rentabilidad  de las cuentas  de  capitalización individual, el Premio Nobel de Economía  Joseph  E. Stiglitz,  sostiene  que los países menos  desarrollados  generalmente  tienen mercados de capitales menos desarrollados, con  inversores  menos  informados y con menor capacidad regulatoria,  aumentando  el alcance  para el abuso potencial.   La presencia de una mayor  volatibilidad  y la ausencia de varias clases de mercados  financieros  hacen  que los diferentes  tipos  de seguros brindados por los programas tradicionales de prestación definida sean más valiosos.

En contraposición está el modelo tradicional o de repartos, con prestaciones definidas,  gestión  pública, propio del Estado benefactor, que tiene como unos de sus principios fundamentales la solidaridad en la contribución, mediante la cual los más jóvenes aportan al sistema para sustentar las prestaciones de los que están en condición de retiro.  Se establece como unas de sus debilidades el envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad de los pensionistas.

Frente a los problemas demográficos, la palabra clave es la producción y la opción entre reparto y CPI es secundaria, el prefinanciamiento es deseable, pero la CPI, (capitalización Individual),no es la única forma de lograrlo, un mercado de capital puede constituir un componente del crecimiento, pero por si solo no representa la solución y no se debe presuponer que los gestores privados del fondo privado de pensiones canalizan mejor que los gestores públicos; la privatización no representa solución alguna para los problemas fiscales y si un sistema es inviable, la única solución es hacerlo sustentable, de acuerdo a Nicolas Barr.

Para tener una idea más precisa de la cobertura activa de los sistemas de pensiones obligatorios en America Latina y el Caribe, en promedio 45 de cada 100 trabajadores, están aportando o están afiliados a un sistema de pensión. Este bajo nivel de aportes guarda relación con las características socioeconómicas en particular la educación, género y nivel de ingreso. Los profesionales y técnicos tienen mayor capacidad de aportes al sistema que los trabajadores con un nivel educativo menor, lo propio sucede con la brecha de géneros en el mercado laboral en la región, pues, la relación está en la proporción 56% por ciento mujeres, 83% por ciento hombres y solo del 20 al 40 por ciento de los trabajadores de ingreso medio contribuyen a una pensión, de acuerdo al estudio Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe, auspiciado por el BM, BID y OCDE, año 2015.

Otro elemento de importancia a ser ponderado en  este análisis  tiene que ver con la tasa bruta de reemplazo de las pensiones, pues, permite medir el nivel de las pensiones en el momento de la jubilación en relación con los ingresos durante la vida laboral. Para trabajadores con ingresos promedio, la tasa bruta de reemplazo promedio es de 62% en los 26 países de  ALC.    Las naciones con mayor aporte al promedio regional son Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela,  que  ofrecen tasas de más del 90%, seguidos por  Argentina,  Costa Rica y Panamá, con tasa de reemplazo proyectadas entre el 75% y el 80%, en correspondencia con el estudio citado del BM, BID y OCDE, 2015.

El sector público de ALC, gastó en promedio en protección social un 5% por ciento del PIB, en el año 2015, un 1.30% más que en el año 2000. A nivel de países, Argentina y el Brasil son los que, proporcionalmente, más recursos destinan a esta función, que concentra un 14,1% y un 13,2% del PIB, respectivamente, en 2015.  Considerando el crecimiento negativo del PIB la zona ALC, de menos -1.1% por ciento, el gasto  proyectado en protección social en los presupuestos  del año 2017, en algunos países retrocede y en otros se mantiene estable, por  lo que en promedio lo presupuestado en protección social está al nivel de lo gastado en el año 2000, de un 3.70% por ciento del PIB, conforme a lo indicado en el Panorama Social de America Latina, Cepal 2016.

Como se advierte ante la posibilidad de que la región de America Latina y el Caribe ALC,  crezca en promedio  apenas 1.1% del PIB, para el presente año 2017, las posibilidades de aumentar el nivel de gastos en protección social, en algunos países es incierta y en el mejor de los casos se mantendrá estable, que sumado a la gran cantidad de asalariados que carecen de protección social, porque sus empleadores no cotizan de forma regular o no los tienen afiliados al sistema, aparte de la baja tasa de reemplazo de los pensionistas, que en algunos países no llega al 30% de su último salario, configura para los trabajadores dependientes, por cuenta propia, informales, liberales y personas en estado de vulnerabilidad, un panorama de condena irreversible a la pobreza.

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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las mi pimes

EL IMPACTO DE LAS MIPYMES EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS

Por Alejandro Jerez Espinal

Para establecer y ejecutar programas y estrategias que contribuyan al desarrollo ysostenibilidaden el tiempo de las micros, pequeñas y medianas empresas, se debe comenzar por armonizar y hacer compatibles los parámetros para definir las mipymes en las diferentes legislaciones y el modelo de gestión que aplican los países de la Región de América Latina y el Caribe.

Factores como el empleo, el nivel de facturación, el valor de los activos fijos y corrientes y la diferenciación por sector son ponderados por las normas al momento de categorizar las mipymes, como muestra, las mayoreseconomías de la region Brasil y México, toman como referenteslos ingresos por facturación anual, la cantidad de empleos y rama de actividad, Colombia la clasificasegún activos y facturación, Argentina por facturación y rama de actividad, Salvador de acuerdo a la facturación y empleos y República Dominicana conforme a la facturación, empleos y nivel de activos.

Esta poca uniformidad en definir lo que son las mipymes, unido a la dificultad de administrarempresas que por su tamaño acusan de grandes limitaciones en término de acceso a mercados, tecnologías, financiamientos, recursos humanos calificados, elevados costos operativos, terminan afectando su competitividad, productividad, innovación y generación de empleos de calidad, pues, una gran cantidad de estos negocios y empresas, terminan operandoen la informalidad, al margen de las normas laborales, tributarias y de protección social.

Es de interés para el presente análisis determinar el impacto de las mipymes en la generación de empleos y el aporte de estas empresas en las exportaciones y su nivel departicipacion en el PIB.  Para el Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Mario Cimoli, las mipymes generan más del 60% del empleo en América Latina y el Caribe, pero son responsables de solo el 28% del producto interno bruto (PIB) y apenas 8,4% de las exportaciones.

En la República Dominicana conforme a los resultados definitivos del primer registro nacional de establecimientos (RNE), realizado en el país por Oficina Nacional de Estadísticas en el año 2014, hay 457, 095 negocios en todo el territorio nacional, de los cuales 184,727  (el 40.4%) se dedican al comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas; 70, 129 (el 15.3%) actividades de servicios y 49,481 (10.8%) a servicios de alojamientos y comidas.

De estos establecimientos 289, 503 (63%) tienen de 1 a 2 empleados,76,412 (16.7%)disponen de 3 a 4 empleados y 40,919 (9%) mantienen un rango de 5 a 10 trabajadores. En resumen el (89%) de los establecimientos en RD, tienen menos de diez (10) trabajadores y solo el (4.2%) de los establecimientos tienen más de diez (10), de los cuales hay una gran cantidad que son negocios informales o de familia y que por vía de consecuencia están al margen del cumplimiento de la Ley laboral sin ningún tipo de protección social.

En la provincia Sánchez Ramírez, de acuerdo al levantamiento mencionado hay 8,525 establecimientos, la mayor parte de ellos dedicados al comercio al por menor, seguido por juegos de apuestas y azar y otros servicios. El (69.1%) del total de los establecimientos en la provincia emplea de 1 a 2 trabajadores, pero al considerar la escala de 1 a 14 trabajadores, el por ciento se eleva al (94.2%) y los restantes establecimientos que representan el (5.8%) del total general, emplean más  de quince (15) trabajadores.

La normativa que establece elrégimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el País, es la Ley No. 488-08, que excluye del beneficio de la misma, las empresas informales, situación que le permite al Gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, impulsar un mecanismo web interinstitucionalsimplificado y de bajo costo para formalizar las mipymes, denominado “ Formalízate”, que sumado al financiamiento blando y de bajo interés de la Banca Solidaria, Banreservas y Banco Agrícola, ayudan de manera positiva a mejorar la gestión y rentabilidad de las mipymes.

Como se puede apreciar el motor que impulsa el empleo en las economías de rentas altas, medias y bajas, son las mipymes, pero  hay estudios que indican que solo el (45%) de las mipymes cruzan el umbral de los dos años, mientras que en el viejo continente 8 de cada 10 mipymes logran la sobrevivencia más allá del tope señalado, de ahí la importancia de que los gobiernos de la Región promuevan iniciativas y políticas coherentes, focalizadas y sistemáticas con el objetivo de hacer más eficientes y perdurables las micros, pequeñas y medianas empresas, como una alternativa de disminuir los niveles de pobreza y desigualdad.

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Reforma a la ley de Municipio (?) o Gobierno Local..

 POR  MIGUEL SEVERINO

Ha habido un error, trascendente, dejado en la bitácora filosófica municipal y es el relativo a la ley de municipios que más bien debiera llamarse ley de Gobierno Local o de Ayuntamiento.. pues una cosa es un Municipio, como parte del Régimen Territorial o Ayuntamiento como parte del Régimen Municipal o de Gobierno Local con estructura política administrativa del gobierno, Estado, en sentido general.

Hacemos estas observaciones para establecer un punto de partida antes de abordar la temática respecto a la reforma de lo que se conoce, de manera impropia, como ley de municipio...

En tal sentido hay que ir la carta magna, Constitución Política que, aunque carece de sendos Regímenes Territorial, Municipal y de Gobierno Local (Ayuntamiento), ella, traza el perfil, es decir da rango a la vez que erige a los Ayuntamientos como el segundo nivel de Gobierno (Local). Desde esta perspectiva vamos a abordar la reforma de la referida ley, denominada de manera impropia, de Municipio y llamarla a partir de ahora Ley de Gobierno Local o de Ayuntamiento.

Puesto en evidencia la falla de la ley en cuanto a referir, caracterizar, su objeto de estudio de manera correcta, el o los Gobiernos Locales, nos vamos a centrar en las reformas desde esta perspectiva.. en los siguientes trabajos, artículos..

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danilo y gonzalo

LA TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Por Alejandro Jerez Espinal

Para satisfacer demandas y necesidades colectivas de bienes, obras,servicios y concesionesen las comunidades y las prioridades propias de los gobiernos y agencias públicas, cada año los estados de la región de América Latina y el Caribe invierten miles de millones de dólares, de los cuales un elevado monto no se destina al cumplimiento del objetivo fundamental de toda política pública que es mejorar la calidad de vida de las personas como de los servicios que recibe.

Esto representa un gran desafío para las naciones, pues, si a la insuficiente inversión en obras públicas para el desarrollo se suma el hecho de que las ejecutadas, no cumplen con sus cometidos en término de calidad, resistencia, durabilidad y utilidad por problemas de manejos dolosos, debilidadesen la construcción y falencias en los procesos de convocatoria, selección, adjudicación, contratación, control y supervisión de los organismos responsables, se estarían creando las condiciones para hacer de las comunidades,entes cada día menos resilientes y más vulnerables.

Lo que se destina a nivel mundial en las naciones desarrolladas para la adquisición de bienes y servicios representa un 15% por ciento del PIB, y en los países en desarrollo esta partida es de un 30% por ciento del PIB de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Esta considerable inversión en adquisiciones públicas en todo el mundo, oscila entre dos formas de pensamientos y actuacionesdiametralmente opuestas, por un lado están los funcionarios, políticos y empresarios inescrupulosos, acostumbrados al desorden, el grado a grado, la centralización y monopolio de las compras de los gobiernos que les ha permitido acumular enormes fortunas en detrimento del pueblo y por el otro lado los funcionarios, políticos y empresarios que piensan, aman y creen en su país y ven en esa inversión una oportunidad de desarrollo para sectores que durante años han vividos al margen de la posibilidad de avanzar como segmento productivo.

Compelido  por esa realidad la mayor parte de los estados de América Latina y el Caribehan adoptados legislaciones modernas para regular todo lo relativo a las contrataciones públicas, inspirados, en algunos casos, en los principios de transparencia, equidad,confidencialidad, eficiencia, selección objetiva, libre concurrencia y cumplimiento, recomendados en el “Manual de Contratación Pública Electrónica para América Latina de la Cepal.

Fortalece también esta corriente que propicia mayores niveles de transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, la necesidad de acceder a otros mercados a través de los acuerdos de libres comercios que demandan la eliminación de las barreras comerciales, la participación de oferentes y proveedores de otros países en las licitacionesy exigen la simplificación y digitalización de trámites y procesos administrativos.

El marco normativo que en RD regula todo lo relativo a las contrataciones públicas, está conformado por la Constitución y un conjunto de leyes, decretos y reglamentos, siendo la Ley 340-06sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su principal instrumento, modificada por la Ley 449-06 y complementado por el Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto 543-12.

Una pieza fundamentalporque va dirigido a un sector importante de la economía nacional, es el Decreto 164-13 que ordena a las instituciones gubernamentales comprar a las mipymes de producción nacional, como ejemplo práctico del impacto de esa política del Gobierno en apoyo a las mipymes, se destaca el aumento del registro de proveedores del Estado que para el 2005, conforme a la Dgcp,era apenas de unos 1157 proveedores y para el 2017 se estima en más de 69,978, producto de la simplificación del trámite de registro para ese sector y las personas físicas.

También se destaca el hecho, de quepara el año 2017, se tiene prevista una inversión en adquisiciones públicas de unos RD$ 220,533.00, lo que representa el 31% por ciento del Presupuesto  y Ley de Gastos Públicos correspondiente a ese año, de los cuales un 20% por ciento equivalente a unos RD$ 44,106.76 va de manera excepcional dirigido a las mipymes, de acuerdo a la Dgcp.

Hay otradisposición que fortalece ese marco legal y ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno encabezadopor el Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, con la transparencia en las contrataciones públicas, es el Decreto 188-14 sobre Principios y Normas de Comisiones de Veedurías, que como órganos autónomos e independientes tienen la misión de monitorear, observar y fiscalizar todo el proceso de compras y contrataciones en las instituciones del Estado donde ya están estructuradas.

La acertada política del Gobierno de impulsar un sistema de adquisiciones públicas abierto, democrático, transparente y apegado a la legalidad que debe revestir las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, procurando al mismo tiempo que estas inversiones beneficien a un sector dinámico de la economía como las mipymes, indudablemente todo ello repercutirá de manera positiva en la generación de empleos y en la disminución de la pobreza y la desigualdad.

  • Escrito por Joaquín Jiménez
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